LAS CLAUSULAS ABUSIVAS EN LA REFORMA
FINANCIERA DE MÉXICO. Segunda parte
La mencionada Ley de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, obliga a las instituciones de crédito y las demás que integran dicho sistema a no introducir cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cláusulas contrarias a la buena fe y al justo
equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, son cláusulas
contrarias a las exigencias de la buena fe, que causan un desequilibrio
importante e injustificado de las obligaciones contractuales o imponen condiciones
inequitativas en el marco de la relación las partes, que colocan en situación
de incertidumbre, indefensión o desventaja a una de dichas partes frente a la
otra.
En dicho ordenamiento, se faculta a la Comisión Nacional
para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para
determinar mediante disposiciones generales, los casos y supuestos de la
existencia de cláusulas abusivas; así que esperamos tome en cuenta lo
mencionado en la Directiva y la experiencia internacional en esa materia.
Los artículos 2 A y 3 1, de la Directiva, consideran como cláusulas
abusivas las contractuales que no se hayan negociado individualmente si, pese a
las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se
derivan del contrato; asimismo su Anexo[5]
describe las conductas que se consideran como tales; las cláusulas que tengan
como objeto o efecto:
a) excluir o limitar la responsabilidad legal del
profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una
acción u omisión del mencionado profesional;
b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos
legales del consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso de
incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera
de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad
de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente
en contra de este último;
c) prever un compromiso en firme del consumidor mientras
que la ejecución de las prestaciones del profesional está supeditada a una
condición cuya realización depende únicamente de su voluntad;
d) permitir que el profesional retenga las cantidades
abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la celebración o la ejecución
del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del
profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el
que renuncie;
e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones
una indemnización desproporcionadamente alta;
f) autorizar al profesional a rescindir el contrato
discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o
permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de
prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el
contrato;
g) autorizar al profesional a poner fin a un contrato de
duración indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo
por motivos graves. Sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de
servicios financieros se reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin
previo aviso en caso de razón válida, el contrato de duración indeterminada, a
condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello
inmediatamente a las demás partes contratantes. No se aplica en las
transacciones relativas a títulos-valores, « instrumentos financieros » y otros
productos o servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de « una
cotización » o de un índice bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el
profesional no controle;
h) prorrogar automáticamente un contrato de duración
determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado
una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de
no prorrogarlo;
i) hacer constar de forma irrefragable la adhesión del
consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar
conocimiento real antes de la celebración del contrato;
j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente
sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo¸ sin
perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se
reserve el derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, el
tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, o el importe de
cualesquiera otros gastos relacionados con servicios financieros, a condición
de que el profesional esté en la obligación de informar de ello en el más breve
plazo a las demás partes contratantes, y de que éstas tengan la facultad de
rescindir inmediatamente el contrato y también se entiende sin perjuicio de las
cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho a modificar
unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada
siempre que el profesional esté en la obligación de informar al consumidor con
una antelación razonable, y de que éste tenga la facultad de rescindir el
contrato. Este supuesto de cláusula abusiva no se aplica en las transacciones
relativas a títulos-valores, « instrumentos financieros » y otros productos o
servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de « una cotización »
o de un índice bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el profesional
no controle;
k) autorizar al profesional a modificar unilateralmente
sin motivos válidos cualesquiera características del producto que ha de
suministrar o del servicio por prestar;
l) estipular que el precio de las mercancías se determine
en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor
de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el
consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el
precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el
contrato. No se aplica en las transacciones relativas a títulos-valores, «
instrumentos financieros » y otros productos o servicios cuyo precio esté
vinculado a las fluctuaciones de « una cotización » o de un índice bursátil, o
de un tipo de mercado financiero que el profesional no controle; los contratos
de compra o de venta de divisas, de cheques de viaje o de giros postales
internacionales expresados en divisas;
m) conceder al profesional el derecho a determinar si la
cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato,
o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas
del contrato;
n) restringir la obligación del profesional de respetar
los compromisos asumidos por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al
cumplimiento de formalidades particulares.
Este supuesto de abusiva, se entiende sin perjuicio de las cláusulas de
adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellas
se describa explícitamente el modo de variación del precio;
o) obligar al consumidor a cumplir con todas sus
obligaciones aun cuando el profesional no hubiera cumplido con las suyas;
p) prever la posibilidad de cesión del contrato por parte
del profesional, si puede engendrar merma de las garantías para el consumidor
sin el consentimiento de éste;
q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones
judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a
dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las
disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su
disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la
legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.
Respecto de los demás contratos en los que existan cláusulas abusivas,
habremos de fundarlas en lo dispuesto por los artículos 77 del Código de
Comercio (Artículo 77.- Las convenciones ilícitas no producen obligación
ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio) y diversos
dispositivos del Código Civil Federal (artículos 6o, 7o, 8º y 1830), de
aplicación incorporada a la materia mercantil (conforme el artículo 81 del
Código de Comercio), a pesar de la existencia de una tesis aislada cuya
inaplicación deviene por la miksma razón expresada en la nota 3 de este
documento.
TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN. INAPLICABILIDAD DE LA, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS DE
COMERCIO. El artículo 78 del Código de Comercio, no exige alguna formalidad o
requisito para que los contratos mercantiles tengan validez, pues únicamente
establece que los mismos deben cumplirse en la forma y términos que las partes
quisieron obligarse. Luego, es claro que dicho dispositivo legal, consagra el
principio de pacta sunt servanda, esto es, indica que lo estipulado por las
partes, en cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto.
Por tanto, es inconcuso que, en tratándose de actos mercantiles, no es posible
aplicar la teoría de la imprevisión, que sostiene que los tribunales tienen el
derecho de suprimir o modificar las obligaciones contractuales, cuando las
condiciones de la ejecución se encuentren modificadas por las circunstancias,
sin que las partes hayan podido prever esta modificación -que los canonistas de
la edad media consagraron en la cláusula rebus sic stantibus-, pues tal
principio, es contrario a lo que consagra el citado precepto legal[6].
[3] Obviamente después de la introducción del control
de convencionalidad en México, esta tesis aislada es absolutamente
improcedente. Cfr. CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS
DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS
FUTUROS IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA. Tesis de
Jurisprudencia I.8o.C. J/14. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XV, Mayo de 2002. Pag: 951 Amparo directo 246/98. Martha
Irene Bustos González. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José David Cisneros Alcaraz .Amparo
directo 1284/98. Industrias Cormen, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José
David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 29/2001. Gustavo Parrilla Corzas. 22 de
junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez.
Secretario: Enrique Villanueva Chávez. Amparo directo 427/2001. Dachi, S.A. de
C.V. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano
Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox. Amparo directo
2/2002. Restaurante Villa Reforma, S.A. de C.V. y otros. 25 de marzo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario:
Enrique Villanueva Chávez.
[4] Novena Época. Tercer Tribunal
Colegiados en materia Civil del Primer Circuito. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): (Civil),
I.3o.C.823 C. Pag: 1952 Amparo directo 227/2010. Raúl Mendoza Peña. 29 de
abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario:
Ricardo Núñez Ayala.
[5] http://civil.udg.edu/epclp/texts/es/93-13.htm,
cfr. El listado de cláusulas abusivas mencionadas en la ley del consumo
europeo en http://www.rtve.es/noticias/20130317/listado-clausulas-abusivas-mencionadas-directiva-europea/618543.shtml.
[6] Novena Época. Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Septiembre de 1998. Pag: 1217. Amparo
directo 902/98. Miguel Ángel Pérez Córdoba e Irma Yolanda Navarro Tlaxcala de
Pérez. 26 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez.
Secretario: Federico Rodríguez Celis. Véase: Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Cuarta Parte, página 29, tesis de
rubro: "CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN
LOS.".
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